La aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres y reformas a la Ley No. 641 Código Penal, es un avance importante en materia de derechos humanos para la sociedad civil y diversas representantes de organizaciones feministas. Una ley que se aprobó gracias a la ardua labor de cabildeo realizada por organizaciones de la sociedad civil y del aparato estatal. En particular el Movimiento María Elena Cuadra y la Corte Suprema de Justicia, lideraron este proceso mediante la introducción de una iniciativa de ley a la Asamblea Nacional. Las mujeres requerían de un instrumento jurídico que garantizara de manera más efectiva sus derechos. La preservación y protección de tales derechos quedó evidenciada ante sus constantes demandas y la cobertura brindada por los medios sobre los casos más dramáticos donde pusieron al desnudo la precaria situación de violencia que sufren las mujeres en Nicaragua.
La violencia ejercitada contra las mujeres se ha convertido en un mal endémico. La manera más extrema se expresa en los feminicidios, muchos de los cuáles continúan impunes, sin que las familias de las víctimas obtengan justicia. En el año 2011, la Red de Mujeres contra la Violencia registró 76 feminicidios, dejando a 55 menores de edad en orfandad. Según estos mismos registros, hay que tomar en consideración que de estos crímenes, 24 son prófugos, 6 han sido condenados y en 7 ocasiones no ha habido ninguna respuesta. Únicamente en 27 casos los sospechosos están siendo juzgados, en su gran mayoría, las víctimas son mujeres jóvenes entre 21 y 30 años. La tendencia más preocupante es la muerte de cerca de dos mujeres por semana y un aproximado de 66,000 denuncias anuales por maltrato o violencia física o sexual.
Existe una legítima expectativa para que la aprobación de la ley se traduzca en la reducción de feminicidios y violencia física y sexual. Celebro la realización del Foro Nacional sobre los alcances y significado de esta ley. La amplia participación de las organizaciones de mujeres, Corte Centroamericana de Justicia, Corte Suprema de Justicia y de todas las instituciones del Estado involucradas en la ruta crítica de acceso a la justicia de las mujeres, permite visualizar cambios en la manera de enjuiciar y valorar jurídicamente las transgresiones cometidas en contra de este sector poblacional. El desafío más importante está relacionado de forma particular con la grave omisión de haber dejado fuera a las organizaciones de mujeres como miembros con voz y voto en la "Comisión Nacional Interinstitucional de lucha contra la violencia hacia la mujer”.
La exclusión de estas organizaciones limita las posibilidades de las catorce instituciones del Estado, miembros de la Comisión Interinstitucional, de recibir valiosos insumos a la hora de tomar decisiones. Para nadie es un secreto que las organizaciones de mujeres son las que trabajan más de cerca con las víctimas de violencia en su lucha diaria. Han suplido la necesidad -a falta de capacidad del Estado- de brindar atención a las víctimas ofreciéndoles asesoría, acompañamiento, alojándolas en albergues para mujeres, formulando denuncias públicas e incidencia social. Las organizaciones de mujeres son las que han trabajado con los medios de comunicación para hacer un frente común contra la violencia hacia la mujer. Sobre todo en la sensibilización de la sociedad nicaragüense acerca de la importancia y necesidad de proteger y defender los derechos de las mujeres.
El objetivo principal de la comisión interinstitucional radica en la elaboración de la política de prevención, atención y protección para las mujeres víctimas de violencia, procurar medidas preventivas, atención, proyección, capacitación y seguimiento en los distintos casos donde resulten como víctimas. Nuestra preocupación obedece a que sin la plena participación de los organismos que dan seguimiento y atención a las víctimas, pensamos que difícilmente se puede elaborar una política inclusiva, efectiva y con impactos positivos al corto plazo. A eso se debe nuestro llamado de atención. Las organizaciones de mujeres no deben de retroceder ante los espacios conquistados.
El segundo gran desafío viene a ser la obtención de recursos para la implementación de la ley. Con justa razón los estudiosos de ciencia política advierten que en los presupuestos se ve reflejado la verdadera voluntad política. Sin suficientes recursos las disposiciones estipuladas por ley pueden caer en el vacío. Urge una asignación de recursos que permita su aplicación cabal en todo el territorio nacional. Los logros obtenidos como la creación de órganos jurisdiccionales especializados, especialización de los funcionarios que atienden la investigación y tramitación de los procesos relativos a la violencia hacia las mujeres, el fortalecimiento de las Comisarías de la Mujer de la Policía Nacional y de la Unidad especializada de delitos contra la violencia de género, corren el riesgo de ser minimizados.
Un tercer gran desafío está relacionado con la situación actual de las mujeres en la Costa Caribe Nicaragüense. Diversas organizaciones han denunciado que debido a la prevalencia del sistema de derecho consuetudinario de las comunidades indígenas a través de los jueces comunitarios (Whitas), los perpetradores de violencia física o sexual son únicamente obligados a pagar una multa. Las diversas instituciones del Estado, el sistema de justicia estatal y el sistema de justicia de las comunidades indígenas, necesitan iniciar un dialogo que les permita tratar el tema y adecuar las penas y sanciones para este tipo de delitos.
Desde ahora las mujeres y hombres nicaragüenses debemos celebrar esta victoria en pro de la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Las organizaciones feministas tienen que sentirse orgullosas por su capacidad de incidencia ante la opinión pública, al haber posicionado en la agenda mediática un tema vital por lo inhumano. A la sociedad nicaragüense aún le queda mucho camino por recorrer. Generar una cultura de no violencia requiere tiempo y paciencia. No podemos seguir permitiendo que las mujeres continúen soportando las consecuencias nefastas que tienen estos hechos de violencia en el seno de las familias nicaragüenses. En la defensa de estos derechos quedan aún importantes desafíos, inclusive en el ámbito legislativo. ¡Que la celebración no nos nuble la mirada!
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